El precio de protestar: la vida después del 11J en Cuba

Son las madres y esposas de los presos políticos, 

las que han cargado en sus hombros el peso 

de la violencia del Estado tras el 11J. 

Para ellas todo el esfuerzo y el apoyo. 

Lisbeth Moya González. Socióloga y periodista cubana. Su tesis de maestría aborda el estallido social del 11J en Cuba. 

*La investigadora emplea siglas para proteger la identidad de sus fuentes. 

Después del 11J, en cada fecha que el gobierno consideraba “peligrosa” había una patrulla de policía debajo de su casa. No les iba a bastar con encarcelarle a los hijos. Ella y su familia eran ahora también un objetivo de la seguridad del Estado. 

“Tengo cámaras puestas enfrente de mi casa…” cuenta MP, una de las madres de los encarcelados en el estallido social del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba. 

La estrategia de criminalización a la que la seguridad del estado cubana ha sometido a los familiares de los presos políticos está diseñada no solo para controlar a una persona, sino para que todo el barrio sepa que están bajo observación.

El testimonio de MP forma parte de una investigación más amplia sobre las consecuencias del estallido social ocurrido el 11 de julio de 2021 (11J), cuando miles de personas salieron a las calles en más de 70 ciudades cubanas en una de las mayores protestas contra el gobierno cubano desde 1959. 

Aquellas manifestaciones, que tuvieron como escenario principal barrios populares y empobrecidos, marcaron un punto de ruptura: por primera vez en décadas, el descontento acumulado por sectores amplios de la población ocupó de manera simultánea el espacio público nacional.

Cinco años después, las consecuencias de aquellas jornadas continúan atravesando la vida cotidiana de quienes participaron en ellas y de sus familias. La protesta no terminó cuando las calles fueron despejadas, ni cuando los manifestantes fueron detenidos. Para muchos familiares, el 11J se convirtió en un proceso prolongado de vigilancia, amenazas, interrogatorios, dificultades económicas y presión constante.

Este texto parte de doce entrevistas realizadas para la tesis de maestría “Criminalización del disenso y resistencia. Un acercamiento a la negociación del pacto de dominación asociado al estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba”. Los testimonios corresponden a familiares de presos políticos y a ex presos políticos que reconstruyen las distintas formas de represión desplegadas después de las protestas.

Los relatos muestran un patrón común: la criminalización no se limita a quienes salieron a las calles. También alcanza a quienes permanecen fuera de las cárceles: madres, esposas, hermanos y comunidades enteras que quedan vinculadas al estigma de haber desafiado públicamente al Estado.

En las entrevistas, todos los familiares consultados aseguran haber sido vigilados por los Órganos de la Seguridad del Estado. La vigilancia aparece como una práctica cotidiana que combina presencia policial, citaciones, interrogatorios y advertencias directas.

LR explica que la vigilancia aumenta en fechas históricas o cuando grupos opositores anuncian acciones públicas. Según su testimonio, en esos momentos aparecen patrullas policiales frente a su vivienda con el objetivo de impedirle salir. YR relata una experiencia similar: la presencia policial funciona como una advertencia permanente sobre los límites que no puede cruzar.

Más que un mecanismo aislado de control, los testimonios describen una estrategia que busca producir un efecto colectivo. La vigilancia frente a una vivienda no solo tiene como destinatario a la persona observada; también comunica un mensaje al entorno: vecinos, amigos y familiares. La persona vigilada queda públicamente marcada como alguien asociado al conflicto político.

El estigma del contrarrevolucionario, una herencia familiar

La vigilancia es solo una de las formas en que, según los testimonios recogidos, se extiende la presión política hacia los familiares de los manifestantes. En siete de las entrevistas realizadas, las personas consultadas aseguran haber recibido amenazas directas relacionadas con sus denuncias públicas o con la actividad de sus familiares encarcelados.

En estos casos, la coerción no opera únicamente sobre quien fue detenido durante las protestas, sino sobre quienes intentan mantener visible su situación después del encarcelamiento. El vínculo familiar se convierte en un espacio de presión: aquello que debería funcionar como una red de protección y apoyo se transforma en una vía mediante la cual se intenta limitar la denuncia.

YS relata que agentes de la Seguridad del Estado le dijeron que, si dejaba de publicar en redes sociales sobre la situación de su esposo, podrían favorecer su libertad condicional. 

YR describe una experiencia similar. “Me acosan y amenazan con que si sigo denunciando las situaciones en las que se encuentra mi hija y todos los presos políticos será peor”, dice. 

Los testimonios revelan una dimensión menos visible de la represión posterior al 11J: el castigo no se concentra únicamente en el cuerpo de quienes participaron en las protestas, sino que se desplaza hacia quienes sostienen la denuncia después de la detención.

La familia aparece así como un territorio político. Presionar a una madre, una esposa o un hermano no solo busca detener una acción concreta, sino limitar la capacidad de construir redes de solidaridad alrededor del preso y evitar que una experiencia individual se convierta en una denuncia colectiva.

El Estado no solo intenta administrar la protesta ocurrida en 2021, sino también controlar las narrativas que se construyen sobre ella en el presente.

Las redes sociales: nueva plaza pública del disenso

Después del 11J, las redes sociales adquirieron un papel central en la circulación de testimonios, denuncias y convocatorias. La protesta encontró en internet un nuevo escenario de disputa.

Transmisiones en vivo y publicaciones personales permitieron que familiares de presos políticos documentaran condiciones carcelarias, denunciaran interrogatorios y construyeran comunidades de apoyo más allá de sus espacios inmediatos.

La aparición de este nuevo espacio de confrontación modificó también las formas mediante las cuales el Estado responde al disenso. El conflicto dejó de desarrollarse únicamente en las calles y comenzó a trasladarse al ámbito digital, donde ciudadanos sin pertenencia formal a organizaciones políticas podían producir información, visibilizar casos y cuestionar el discurso oficial.

En ese contexto, el nuevo Código Penal cubano, aprobado el 15 de mayo de 2022, incorporó agravantes relacionados con el uso de redes sociales en delitos como desórdenes públicos, instigación a delinquir, calumnia, injuria y actos contra la intimidad personal y familiar.

La modificación jurídica, ocurrida menos de un año después del 11J, muestra cómo el marco legal comienza a adaptarse a una nueva forma de expresión del conflicto: una protesta que no solo ocurre en la calle, sino también en espacios digitales donde circulan imágenes, testimonios y demandas políticas.

YR asegura que sus publicaciones en redes sociales fueron motivo de una carta de advertencia oficial. La disputa ya no se limita a quién controla las calles. También está en juego quién controla la memoria de lo ocurrido, quién puede narrar el 11J y qué relatos alcanzan visibilidad pública.

Cuando la sanción no llega mediante un tribunal

Otra de las formas de presión denunciadas por los familiares es el acoso laboral. En estos casos, la consecuencia política no aparece necesariamente como una sanción formal, sino como una serie de decisiones administrativas que terminan afectando la estabilidad económica de quienes denuncian.

LR asegura que fue expulsado de su trabajo después de publicar en redes sociales información sobre la situación de su esposa encarcelada.

“El jefe solamente me abrió los ojos y se encogió de hombros diciéndome: tú sabes, me mandaron”, relata.

El testimonio evidencia una forma de disciplinamiento que funciona precisamente por su ambigüedad. La sanción no siempre queda registrada como una medida política explícita, pero produce el mismo efecto: castigar a quienes mantienen una postura pública de denuncia.

La presión económica adquiere especial relevancia en familias donde uno de sus integrantes está privado de libertad. La pérdida de empleo, la necesidad de asumir gastos legales, los viajes a prisión y la compra de medicamentos generan una carga adicional sobre hogares que ya enfrentan una situación de vulnerabilidad.

Entonces, la criminalización no se limita al momento del arresto ni al proceso judicial. Se convierte en una experiencia prolongada que reorganiza la vida familiar y condiciona las posibilidades de continuar denunciando.

La vigilancia como recordatorio permanente

Todos los familiares entrevistados aseguran haber sido interrogados en algún momento por los órganos de la Seguridad del Estado. Estas acciones adoptan distintas formas: citaciones oficiales, llamadas telefónicas o encuentros informales en estaciones policiales.

En algunos casos, los familiares reconocen que las preguntas no buscan obtener información específica, sino recordarles que permanecen bajo observación.

LR afirma acumular más de 30 citaciones. BF explica que recibe llamadas telefónicas para acudir a encuentros a los que decide no asistir porque considera que carecen de respaldo legal.

La repetición de estos procedimientos produce un efecto acumulativo. La vigilancia deja de ser un evento excepcional y se convierte en una presencia constante que modifica la vida cotidiana.

Más que una acción destinada únicamente a investigar, los interrogatorios funcionan como una forma de comunicación del poder: una manera de recordar quién observa, quién controla y cuáles son los límites considerados aceptables.

La prisión como extensión del castigo

Mientras fuera de las cárceles la presión opera mediante vigilancia, amenazas y restricciones, dentro de los centros penitenciarios el control sobre los cuerpos y los espacios de quienes están detenidos es mucho mayor.

En los testimonios analizados se identificaron 29 episodios de represión dentro de las prisiones. Los familiares describen agresiones físicas, castigos adicionales, aislamiento y formas de presión psicológica.

AG relata que un guardia golpeó a su familiar con una tonfa y que, posteriormente, la sanción recayó sobre la propia detenida con siete meses adicionales de prisión.

LRN, ex preso político, explica:

“Me golpearon para atemorizar una posible reacción ante la detención y disciplinar al resto de personas detenidas, de las cuales algunas también fueron golpeadas”.

Los relatos muestran que la violencia dentro de prisión no tiene únicamente una función punitiva sobre quien recibe el castigo. También busca enviar un mensaje al resto de los detenidos: una advertencia sobre las consecuencias de desafiar las reglas impuestas dentro del sistema penitenciario.

La violencia denunciada no es solamente física. Los familiares describen también un desgaste psicológico utilizado como mecanismo de intimidación y como forma de impedir nuevas denuncias.

YS cuenta que un jefe policial golpeó a su esposo para obligarlo a repetir la consigna oficial:

“Comenzó a darle galletazos para que mi esposo dijera Patria o muerte”.

En estos testimonios aparece una idea central: la represión no termina con la condena. La posibilidad de obtener beneficios penitenciarios, reducir sanciones o mejorar condiciones carcelarias puede convertirse también en una herramienta de presión sobre quienes denuncian desde fuera.

El conflicto iniciado en las calles el 11J continúa así en otros escenarios: las casas, las redes sociales, los centros laborales y las prisiones. La protesta cambia de forma, pero no desaparece.

Cárceles, distancia y castigo familiar

La prisión no termina en el momento en que se cierran las puertas de una celda. En los testimonios recogidos, el encarcelamiento aparece como un proceso que modifica la vida de familias enteras: cambia las rutinas, profundiza las dificultades económicas y obliga a asumir responsabilidades que antes correspondían al sistema penitenciario.

Los familiares entrevistados describen condiciones de reclusión marcadas por la precariedad, dificultades para acceder a medicamentos, problemas alimentarios y obstáculos para garantizar necesidades básicas dentro de los centros penitenciarios.

YS relata que su familiar permaneció:

“40 días durmiendo en un zinc oxidado sin colchón, con poca alimentación y agua solo una vez al día”.

Según explica, la familia tuvo que asumir además la compra de medicamentos necesarios para garantizar su atención médica.

La cárcel aparece así como un espacio donde el castigo no recae únicamente sobre la persona privada de libertad. El deterioro de las condiciones de vida dentro de prisión obliga a los familiares a convertirse en proveedores de recursos esenciales: alimentos, medicinas, artículos de higiene y apoyo económico.

Esta responsabilidad adquiere una dimensión mayor cuando en una misma familia hay más de una persona encarcelada. En varios testimonios aparecen casos de hermanos que participaron juntos en las protestas del 11J y terminaron procesados por los mismos hechos.

Para estas familias, la distancia geográfica entre los centros penitenciarios constituye otra forma de presión. Los familiares explican que, al estar ubicados en prisiones diferentes y alejadas entre sí, aumentan los costos económicos y emocionales de mantener el vínculo con los detenidos.

Cada visita implica transporte, permisos, tiempo laboral perdido y recursos que muchas familias no poseen. El castigo se extiende entonces más allá de la persona condenada y alcanza al núcleo familiar que intenta sostenerla.

La prisión, en estos casos, no es únicamente un lugar de encierro. Es un mecanismo que reorganiza la vida de quienes quedan afuera.

Judicialización: cuando la protesta es un delito

La represión posterior al 11J no terminó con los arrestos. Después de que las manifestaciones fueron controladas comenzó otra fase del conflicto: la construcción judicial del manifestante como sujeto criminal.

La protesta dejó de aparecer, dentro del discurso estatal, como una expresión de malestar social y pasó a ser procesada principalmente como un problema de orden público y seguridad.

Los testimonios analizados muestran que el 66,67 % de los manifestantes entrevistados fueron arrestados mediante violencia física, mientras que el 33,33 % no reportó agresiones durante la detención, aunque sí describió formas de violencia psicológica.

Pero uno de los elementos más significativos es el momento del arresto.

Solo el 40 % de los manifestantes fue detenido en el lugar donde ocurrió la protesta. El 60 % restante fue arrestado posteriormente, cuando las manifestaciones ya habían terminado.

Esta diferencia resulta clave porque muestra que una parte importante de los procesos no se inicia por una detención en flagrancia, sino por una fase posterior de identificación, búsqueda y localización de participantes.

La protesta ya había terminado, pero la persecución continuaba.

El Estado despliega entonces una estrategia de reconstrucción del acontecimiento: identificar participantes, establecer responsabilidades individuales y trasladar un conflicto político colectivo hacia expedientes judiciales particulares. 

Para muchas familias, el primer momento posterior al arresto estuvo marcado por la incertidumbre. No saber dónde estaba un familiar detenido, desconocer si había sido trasladado a una estación policial, una prisión o un centro de investigación, y no conocer la causa exacta de la detención aparecen como experiencias recurrentes en los testimonios.

Solo el 30% de los familiares entrevistados pudo conocer rápidamente el paradero y la situación legal de sus allegados. El resto asegura que tuvo que esperar días para obtener información.

Esta falta de información inicial no solo genera angustia emocional. También limita la capacidad de las familias para actuar jurídicamente, buscar representación legal o denunciar posibles irregularidades.

La violencia legal: cuando el conflicto llega a los tribunales

La judicialización constituye una de las formas centrales mediante las cuales se administra el conflicto posterior al 11J. En términos de la académica mexicana, Margarita Favela , la violencia legal no se limita a la existencia de normas que castigan determinadas conductas, sino al uso del aparato jurídico como herramienta de control político.

En los casos analizados se identificaron 31 eventos de violencia legal relacionados con los procesos posteriores a las protestas. Estos eventos incluyen irregularidades durante las detenciones, problemas en el debido proceso, uso de testimonios cuestionados y restricciones al acceso público a los juicios.

En tres casos estudiados no se produjo una sentencia de prisión. En su lugar, las personas permanecieron bajo extensas medidas cautelares de prisión domiciliaria que posteriormente terminaron en sobreseimiento.

DT explica:

“Nunca tuve sentencia, tuve una medida cautelar que era de prisión domiciliaria, era provisional, por desorden público”.

Una situación similar enfrentaba LRN al momento de la entrevista. Aunque sostiene que su participación durante el 11J fue únicamente como testigo de la protesta, permanecía bajo restricción domiciliaria y con una multa asociada al delito de desorden público.

Estos casos muestran que la respuesta estatal no opera exactamente igual sobre todos los sujetos que participan del disenso. El tipo de sanción también parece relacionarse con el capital social, político y simbólico de cada persona.

DT y LRN contaban con redes de apoyo vinculadas a sectores académicos y culturales. Una condena más severa podría representar un costo político mayor debido a la visibilidad de sus casos.

La estrategia de contención se desplazó entonces hacia otras formas de control: vigilancia, restricciones de movimiento, multas y procesos judiciales prolongados.

Pero para quienes no cuentan con ese capital simbólico, la judicialización adquiere formas más severas y suele combinarse con una narrativa que los presenta como sujetos peligrosos o socialmente problemáticos.

Juicios sin transparencia

Entre los testimonios recogidos aparecen siete casos donde los familiares denuncian violaciones al debido proceso.

MA relata que nunca llegó a tener juicio y que, pese a ello, la policía no devolvió las pertenencias personales que fueron retiradas durante su arresto. También aparecen cuatro casos donde los familiares cuestionan la imparcialidad de los testimonios utilizados durante los procesos judiciales. Según sus relatos, las acusaciones se sostuvieron principalmente en declaraciones provenientes de funcionarios estatales, miembros de cuerpos represivos u organizaciones políticas y de masas.

YS explica:

“Los testigos eran del MININT, la mayoría con mucha incoherencia en sus testimonios”.

LR añade:

“Los que la acusaban no dieron testimonio ninguno, solo la Fiscalía”.

Otro elemento recurrente es la ausencia de publicidad en los procesos. Ninguno de los juicios analizados tuvo carácter público. El acceso de los familiares fue limitado y no participaron medios independientes, organizaciones políticas externas al Estado ni ciudadanos interesados en observar los procedimientos.

Además, seis de los casos corresponden a personas que permanecieron meses o incluso años en prisión preventiva antes de recibir sentencia definitiva. La prisión deja entonces de ser únicamente una consecuencia posterior a una condena. Se convierte también en una herramienta utilizada durante el propio proceso judicial. La protesta no termina cuando desaparecen las consignas de las calles. Continúa dentro de los tribunales, donde el conflicto político es traducido al lenguaje penal.

La estigmatización de los sin cara

La criminalización del 11J no ocurre únicamente en las estaciones policiales, las cárceles o los tribunales. También se construye en el terreno simbólico: en la manera en que se nombra a quienes protestaron y en las categorías utilizadas para explicar quiénes son.

La disputa no se limita a determinar si una persona cometió o no un delito. También implica decidir qué imagen pública tendrá esa persona después de la protesta: ciudadano inconforme, víctima de una crisis social o delincuente.

En los casos analizados aparece un patrón recurrente: la protesta pierde su dimensión política y el manifestante es presentado como un individuo definido por sus características personales. La atención se desplaza desde las razones que llevaron a miles de personas a las calles hacia sus antecedentes, su situación laboral, su nivel educativo o su comportamiento social.

El objetivo de esta operación discursiva es transformar un conflicto colectivo en una suma de problemas individuales. AG lo experimentó durante el juicio contra su hija. Según explica, entre los elementos considerados como agravantes aparecía que ella “solo tiene noveno grado y está desvinculada laboralmente”.

La descripción de la acusada no se construye alrededor de su participación política o de las circunstancias de la protesta, sino alrededor de características sociales presentadas como señales de peligrosidad o desviación.

La estigmatización funciona precisamente porque convierte una identidad social en una explicación del delito. La persona no es juzgada únicamente por un acto, sino por quién es o por el lugar que ocupa dentro de la sociedad.

El delincuente antes que el ciudadano

El análisis de los medios oficiales muestra la presencia sistemática de esta narrativa. Se revisaron 15 textos publicados por los medios estatales Granma y Cubadebate. De ellos, diez corresponden al año 2022, cinco a 2021 y uno a 2023.

Un elemento significativo es que, durante 2022, cerca del primer aniversario del 11J, aumenta la presencia de contenidos orientados a reforzar una narrativa ejemplarizante sobre los acontecimientos y sus participantes.

En cuatro casos los medios describen a los manifestantes mediante categorías generalizadoras como “personas con mala conducta social”, “desvinculados laboralmente” o “delincuentes”.

Uno de los ejemplos aparece en un artículo publicado por Granma el 5 de abril de 2022, donde se presenta a uno de los participantes de la protesta haciendo énfasis en sus antecedentes penales:

“El otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto”.

La referencia a antecedentes penales cumple una función narrativa: desplaza la atención desde la protesta hacia la supuesta naturaleza individual del manifestante. El caso de Diubis Laurencio Tejeda resulta particularmente ilustrativo. En un reportaje de Cubadebate publicado el 3 de febrero de 2022 se afirma:

“Falleció el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, residente en Arroyo Naranjo y con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual había cumplido sanción”.

Laurencio fue baleado por un policía durante las protestas del 11 de julio.

En la cobertura analizada existe una diferencia marcada entre la atención dedicada a la violencia atribuida a los manifestantes y la ausencia de referencias a la violencia ejercida por los cuerpos represivos o por quienes salieron a defender al gobierno. Se identificaron doce casos donde los manifestantes son presentados como delincuentes y diecisiete donde aparecen descritos como violentos.

La diferencia entre revolucionarios y contrarrevolucionarios

La estigmatización no opera únicamente mediante las palabras utilizadas para describir a los manifestantes. También funciona a través de los silencios.

Mientras los textos de los medios estatales enfatizan los antecedentes penales, la supuesta violencia y la responsabilidad individual de quienes participaron en las protestas, omiten elementos como:las causas internas del malestar social; los testimonios de los manifestantes; las denuncias sobre violencia policial y la existencia de presos políticos.

En contraste, quienes participaron en acciones de apoyo al gobierno aparecen descritos mediante categorías positivas.

Los contramanifestantes son presentados como: “personas que tienen de su lado la ley y la moral”; “pueblo”; “solidarios”; “pacíficos”; “víctimas”; “revolucionarios”; “patriotas”; “trabajadores”; “profesionales”.

La diferencia no es únicamente semántica. Construye dos sujetos opuestos. Por un lado, el manifestante: violento, manipulado, delincuente, enemigo o mercenario. Por otro, el defensor del Estado: legítimo, pacífico y representativo de la nación.

El estigma funciona así como una herramienta política: define quién puede ser considerado parte legítima del pueblo y quién queda fuera de esa categoría. Esta construcción discursiva no permanece únicamente en los medios de comunicación. Los materiales judiciales analizados muestran narrativas similares.

Se revisaron cuatro documentos penales correspondientes a tribunales de Mayabeque, Cárdenas, San José de las Lajas y La Habana, que reúnen información sobre 57 manifestantes del 11J. Los documentos incluyen las sentencias 32/2022, 5/2022, 61/2021 y 10/2022, además de procesos relacionados con las causas 130/21, 52/21 y 11/21.

En estos materiales aparece una narrativa donde la protesta es presentada como un acto premeditado y asociado a intereses externos. En la causa 130/2021 se afirma que:

“No puede verse el actuar de los acusados como un hecho aislado”.

El documento sostiene que los participantes actuaron vinculados a un llamado de personas que adversan el “sistema social y político del país”, con el propósito de “desestabilización y subvertir el orden público”.

La protesta colectiva es así reinterpretada como una acción organizada con fines criminales.

Al igual que ocurre en los medios oficiales, los expedientes judiciales incorporan referencias a la conducta social de los acusados. En varios casos aparecen menciones a no pertenecer a organizaciones políticas o de masas, a estar “desvinculados laboralmente”, tener una conducta social considerada “desajustada” o consumir bebidas alcohólicas.

La identidad social del acusado vuelve a aparecer como un elemento relevante dentro de la construcción del caso. Los delitos utilizados en los procesos analizados incluyen atentado, desorden público, instigación a delinquir, desacato, hurto y sedición. Todos aparecen agravados por el contexto de pandemia.

Sin embargo, en los materiales revisados no aparece evidencia de que los manifestantes hayan recibido financiamiento externo, pese a que esta acusación ocupa un lugar central en el discurso mediático oficial.

En siete ocasiones los medios analizados califican a los participantes del 11J como mercenarios. Un artículo publicado por Granma el 12 de julio de 2022 los describe como:

“activistas entrenados por el Gobierno de EE. UU.”

y afirma que son:

“mercenarios a sueldo de una potencia extranjera”.

La coincidencia entre el discurso mediático y el judicial resulta significativa. Ambos construyen una narrativa donde: la protesta no surge de condiciones internas; los manifestantes están influenciados desde el exterior; quienes protestan son sujetos peligrosos y los cuerpos represivos actúan como defensores del orden.

La criminalización funciona entonces mediante una doble operación: primero se despolitiza la protesta presentándola como delincuencia; después se legitima la respuesta estatal como una acción de defensa frente a una amenaza.

Cinco años después, las cárceles siguen llenas de personas vinculadas a aquellas jornadas y las familias continúan cargando con el costo de haber desafiado los límites impuestos por el poder. En muchos barrios populares, los mismos donde comenzaron las manifestaciones, persisten las carencias que llevaron a miles de cubanos a salir a las calles aquel julio de 2021.

Mientras tanto, madres y esposas recorren carreteras con bolsas de alimentos y medicamentos, esperan noticias detrás de los muros de las prisiones y sostienen la memoria de lo ocurrido frente al intento de convertir aquellos reclamos en simples actos de delincuencia. Quizás esa sea una de las imágenes más reveladoras del país que dejó el 11J: la de una madre que sale de madrugada rumbo a una cárcel lejana, atravesando los mismos barrios donde comenzó la protesta, porque la historia de aquel estallido no terminó en las calles. Todavía sigue viva en las rejas de las prisiones, en las casas vigiladas y en la obstinación de quienes se niegan a olvidar.