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Trabajar y seguir siendo pobres: las cifras detrás de la crisis laboral en Cuba

Por: Un habanero ahí

En Cuba, el salario medio estatal apenas cubre el 15,6 % del costo estimado de una canasta alimentaria para dos personas. Uno de cada cinco ocupados trabaja en condiciones de informalidad y las mujeres representan apenas una quinta parte de los propietarios o socios de mipymes. Mientras el país transforma sus relaciones económicas, las condiciones de vida de quienes trabajan continúan deteriorándose.

Juana es enfermera y casi todos los días piensa en abandonar su profesión. No ha perdido el interés por su trabajo ni el compromiso con las personas que atiende. El problema es que su salario no le alcanza para vivir. Actualmente, depende de las remesas que le envían sus hijos desde el extranjero para cubrir sus necesidades. Sin ese dinero, continuar trabajando como enfermera sería todavía más difícil.

Nos escribió para contar su historia en Los Invisibles, la serie de Cuba Común dedicada a los derechos laborales y las experiencias de los trabajadores cubanos. Su testimonio pone sobre la mesa una contradicción que atraviesa el país: una persona puede dedicar su vida a una profesión socialmente indispensable y, sin embargo, no recibir por ella los ingresos necesarios para sostenerse.

Juana continúa trabajando por vocación, pero su permanencia en el sistema de salud depende también de una ayuda económica que no proviene de su empleo. Su experiencia permite plantear una pregunta que va mucho más allá de la enfermería: ¿qué ocurre con una sociedad cuando el salario deja de ser suficiente para garantizar la subsistencia de quienes trabajan?

Las cifras disponibles sobre el mercado laboral cubano permiten dimensionar esa contradicción. Entre 2024 y 2026, la economía continuó deteriorándose, los precios aumentaron, el peso perdió valor y cientos de miles de personas permanecieron vinculadas a actividades laborales sin protección de seguridad social. Al mismo tiempo, la expansión de los negocios privados y las nuevas reformas económicas comenzaron a modificar las relaciones entre trabajadores, propietarios y Estado.

Una economía que se contrae mientras los precios aumentan

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una contracción del 10,3 % del producto interno bruto cubano para 2026, después de estimar una caída del 3,8 % en 2025. De cumplirse esa previsión, Cuba registraría la mayor contracción económica de América Latina y el Caribe durante este año.

La caída de la actividad económica responde a una combinación de problemas internos y externos. Las dificultades de productividad, la insuficiencia de inversiones, el deterioro de la infraestructura y la crisis energética se suman a la escasez de divisas y a las restricciones comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos. Para los trabajadores, estas condiciones se traducen en interrupciones de actividades productivas, dificultades para acceder a insumos, deterioro de los servicios y una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva.

La inflación oficial interanual alcanzó el 28,44 % en septiembre de 2026. Sin embargo, el encarecimiento de los productos esenciales ha sido todavía más intenso en determinadas categorías. En agosto, los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un aumento interanual del 36,01 %, superior al incremento general de precios correspondiente a ese mes.

La diferencia importa porque los alimentos representan una necesidad imposible de posponer. Cuando sus precios aumentan más rápidamente que los salarios, los hogares deben destinar una proporción creciente de sus ingresos a comer, reduciendo sus posibilidades de cubrir otros gastos. El deterioro del poder adquisitivo afecta especialmente a quienes reciben ingresos fijos en pesos cubanos y no cuentan con fuentes adicionales de dinero.

La distancia entre salarios y precios permite comprender mejor la magnitud de la crisis. Entre enero y agosto de 2026, el salario medio del sector estatal y presupuestado fue de aproximadamente 7.354 pesos mensuales. En septiembre, el economista Omar Everleny estimó que una canasta alimentaria para dos personas en La Habana costaba 47.135 pesos al mes.


Esto significa que un trabajador que recibiera el salario medio necesitaría 6,4 salarios mensuales completos para comprar los alimentos de dos personas durante un solo mes. La canasta utilizada para esta comparación no incluye la totalidad de los gastos de subsistencia, como transporte, electricidad, medicamentos, productos de higiene y otras necesidades del hogar.


Incluso en un hogar donde dos personas recibieran ese salario medio, los ingresos conjuntos alcanzarían apenas 14.708 pesos mensuales, equivalentes al 31,3 % del costo estimado de su alimentación. En el caso de un trabajador que percibiera el salario mínimo, Everleny calcula que su ingreso permitiría cubrir solamente el 6,8 % de esa canasta.

El encarecimiento también ha sido acelerado. Según la actualización del economista, la canasta alimentaria aumentó cerca de un 60 % en un año. Una estimación más amplia del costo de la vida, recogida por la socióloga Mayra Espina a partir de sus cálculos, sitúa los gastos mensuales de un hogar en 61.710 pesos, frente a 45.401 pesos a comienzos de 2025.

Las cifras muestran que el problema salarial no se reduce a una pérdida temporal del poder adquisitivo. Existe una brecha profunda entre las remuneraciones del empleo estatal y los recursos necesarios para sostener un hogar. En esas condiciones, tener trabajo deja de ser una garantía de seguridad económica y se convierte, para muchas familias, en apenas una de las fuentes de ingreso necesarias para sobrevivir.

Salarios en pesos, precios condicionados por las divisas

A la insuficiencia salarial se suma la depreciación del peso cubano. En su estudio El mercado monetario cubano en 2026, publicado en octubre, el economista Pavel Vidal documenta que el dólar informal pasó de 435 pesos al cierre de 2025 a 750 pesos en septiembre de 2026. Durante el mismo período, el euro aumentó de 480 a 852,5 pesos.

Estas variaciones representan incrementos del 72,4 % y del 77,6 %, respectivamente, en las cotizaciones informales de ambas monedas. Al tipo de cambio informal de septiembre, el salario medio estatal de 7.354 pesos equivalía aproximadamente a 9,80 dólares. Esta equivalencia es ilustrativa, pues los salarios no están oficialmente denominados en dólares, pero permite dimensionar la pérdida de valor del peso frente a las divisas.

La depreciación monetaria no afecta a todos por igual. Quienes reciben remesas, poseen ahorros en moneda extranjera o desarrollan actividades vinculadas al mercado en divisas tienen mayores posibilidades de proteger sus ingresos. En cambio, quienes dependen exclusivamente de salarios o pensiones en pesos deben enfrentar precios crecientemente condicionados por las cotizaciones de las monedas extranjeras.

Esta desigualdad tiene antecedentes importantes en las transformaciones económicas de los últimos años. La Tarea Ordenamiento, implementada en 2021, aceleró la inflación y deterioró el poder adquisitivo, mientras la expansión de las tiendas en moneda libremente convertible profundizó la separación entre los ingresos laborales en pesos y el acceso a determinados bienes esenciales.

El resultado es una economía donde la calificación profesional, la experiencia y las horas trabajadas no necesariamente determinan las posibilidades de consumo. El acceso a remesas, divisas y recursos familiares puede resultar mucho más decisivo para las condiciones materiales de vida que el salario recibido por una jornada laboral completa.

Un desempleo bajo que no cuenta toda la historia

Las estadísticas oficiales presentan una tasa de desempleo relativamente baja. Según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO) de 2024, Cuba tenía 4.136.560 personas ocupadas y 69.333 desocupadas, equivalentes a una tasa de desempleo del 1,7 %. Sin embargo, este indicador debe analizarse junto a otros datos sobre participación laboral.

La misma encuesta registró que el 50,1 % de la población de 15 años o más se encontraba fuera de la fuerza de trabajo. Esto no significa que la mitad de la población estuviera desempleada, porque entre las personas económicamente inactivas se incluyen jubilados, estudiantes, cuidadores y otros grupos que no trabajan ni buscan empleo. Pero sí muestra que la participación en el mercado laboral es considerablemente reducida.

La tasa de ocupación cubana fue del 49,1 % en 2024, frente al 58,9 % registrado en América Latina y el Caribe según la comparación publicada por EFE a partir de estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. La diferencia es de casi diez puntos porcentuales y plantea interrogantes sobre la capacidad de la economía para incorporar población a actividades remuneradas.

Además, las cifras de desempleo no permiten conocer por sí solas la calidad de los puestos existentes. Una persona puede figurar como ocupada y recibir un salario insuficiente, trabajar pocas horas, carecer de seguridad social o necesitar actividades adicionales para completar sus ingresos. Por eso, el bajo desempleo oficial no contradice necesariamente la existencia de una crisis profunda de las condiciones laborales.

Uno de cada cinco trabajadores ocupados está en la informalidad

La ENO de 2024 identificó a 831.063 personas trabajando en condiciones de informalidad, equivalentes al 20,1 % de la población ocupada. La definición oficial considera informal el trabajo remunerado que carece de vinculación con la seguridad social, por lo que el indicador permite identificar una dimensión importante de la desprotección laboral, aunque no incluye todas las formas posibles de precariedad.

De ese total, 749.094 personas pertenecían al sector no estatal, aproximadamente el 90 % de los trabajadores informales. La cifra evidencia la importancia de la informalidad dentro de las actividades económicas que se desarrollan fuera del empleo estatal, aunque no significa que todos los trabajadores privados sean informales.

La informalidad se concentraba principalmente en agricultura y pesca, con el 24,4 % de los ocupados informales; comercio y reparación, con el 15,1 %; otros servicios, con el 9,2 %; construcción, con el 7,5 %; y transporte, con el 7,2 %. Estos porcentajes muestran cómo se distribuye el conjunto de trabajadores informales entre distintas actividades, no la proporción de informalidad existente dentro de cada sector.

La ausencia de vinculación con la seguridad social puede tener consecuencias graves para quienes dependen de su trabajo. Una enfermedad, un accidente o la imposibilidad de continuar realizando una actividad económica pueden dejar a estas personas sin mecanismos suficientes de protección. En un país donde los ingresos laborales ya resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, la falta de seguridad social añade otra dimensión de vulnerabilidad.

La informalidad tampoco debe confundirse con el conjunto del trabajo privado. Existen negocios no estatales con empleados formalmente contratados y acceso a determinadas garantías, del mismo modo que dentro del sector estatal persisten problemas de bajos salarios, condiciones materiales deterioradas y otras formas de precariedad que no aparecen reflejadas en la tasa de informalidad.

Las mujeres participan menos en las nuevas oportunidades económicas

Las diferencias entre hombres y mujeres también atraviesan la transformación del mercado laboral cubano. En 2024, las mujeres representaban aproximadamente el 45,9 % de los trabajadores estatales, pero solamente el 21,7 % de los ocupados en el sector no estatal.

La distancia se mantiene cuando se observa la propiedad de los nuevos negocios. Entre las personas propietarias o socias de mipymes privadas y mixtas, la participación femenina rondaba el 20,3 %. Esto significa que las mujeres representaban aproximadamente una de cada cinco personas vinculadas a la propiedad o participación societaria de esas empresas.

Las cifras sugieren que la ampliación de las formas privadas de propiedad no está generando oportunidades equivalentes para hombres y mujeres. Mientras el sector no estatal adquiere mayor importancia en la economía, las mujeres mantienen una presencia mucho menor tanto entre sus trabajadores como entre quienes participan en la propiedad de las empresas.

Estas diferencias deben analizarse junto al deterioro de los servicios públicos y el incremento de las responsabilidades domésticas. Cuando escasean los alimentos, falla el transporte o se interrumpe la electricidad, las familias necesitan dedicar más tiempo y recursos a resolver necesidades cotidianas. Buena parte de esas tareas continúa recayendo sobre las mujeres, lo que puede limitar sus posibilidades de incorporarse a actividades remuneradas o desarrollar negocios propios.

La ENO de 2024 también encontró que el 76,9 % de la población de 15 años o más realizaba actividades de producción para el autoconsumo, a las que dedicaba un promedio de 6,6 horas semanales. Esta categoría estadística incluye tareas domésticas, cuidados, compras, trámites y otras actividades destinadas al uso propio, por lo que no debe interpretarse exclusivamente como trabajo de cuidados. Sin embargo, permite reconocer que una parte importante del tiempo de la población se destina a actividades necesarias para sostener la vida fuera del empleo remunerado.

Menos trabajadores para una población cada vez más envejecida

La crisis laboral cubana ocurre, además, en un contexto de disminución y envejecimiento de la población. Según los datos demográficos de 2025, la población efectiva del país se redujo a 9.434.593 habitantes, una disminución de 313.414 personas respecto al año anterior.

El saldo migratorio de 2025 fue negativo en 245.264 personas, mientras la población en edad laboral se situó en 5.606.541 habitantes, después de reducirse en aproximadamente 1,26 millones durante cinco años. Esta pérdida de población en edad de trabajar representa un desafío para el sostenimiento de las actividades económicas y los servicios públicos.

Al mismo tiempo, el 26,7 % de los habitantes tenía 60 años o más, equivalente a 2.519.823 personas. En 2025 se registraron 68.064 nacimientos y 136.214 defunciones, prácticamente el doble de fallecimientos que de nacimientos. Estas tendencias muestran una estructura demográfica cada vez más envejecida y una reducción de las generaciones que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años.

La Oficina Nacional de Estadística e Información también registró 733 personas en edades potencialmente dependientes por cada 1.000 personas en edad laboral. Este indicador expresa una presión demográfica creciente sobre los sistemas de pensiones, salud, cuidados y protección social, aunque no significa que todas las personas en edades potencialmente dependientes necesiten asistencia económica directa.

La composición de la propia fuerza laboral confirma esta tendencia. En 2024, el 51,8 % de quienes integraban la fuerza de trabajo tenía más de 45 años. Cuba necesita sostener su actividad productiva y sus servicios públicos con una población trabajadora que disminuye y envejece, mientras aumentan las necesidades de atención y cuidados de una parte importante de sus habitantes.

Una economía que cambia sin garantizar más poder a quienes trabajan

Las dificultades salariales, la informalidad, las desigualdades de género y la reducción de la fuerza laboral coinciden con un proceso de transformación de las relaciones económicas. La expansión de las mipymes, el crecimiento de la propiedad privada y las 176 medidas anunciadas por el Gobierno en junio de 2026 están modificando las condiciones de participación de distintos actores en la economía cubana.

Estas reformas incluyen propuestas para ampliar las posibilidades de inversión, flexibilizar restricciones empresariales y desarrollar nuevas formas de gestión económica. También se han impulsado licitaciones mediante las cuales establecimientos y activos estatales pueden pasar a ser gestionados por actores privados.

Sin embargo, la ampliación de oportunidades para empresarios e inversionistas no ha estado acompañada de una transformación equivalente de los mecanismos de representación y participación de los trabajadores. Las posibilidades de organización sindical independiente continúan restringidas, mientras los mecanismos de negociación colectiva y defensa autónoma de los derechos laborales siguen siendo limitados.

Esta situación plantea una contradicción importante. Durante décadas, el Gobierno cubano sostuvo que la propiedad estatal sobre los medios de producción garantizaba su carácter social. Sin embargo, los trabajadores han tenido una capacidad muy reducida para decidir cómo se administran las empresas, cómo se distribuyen los recursos o qué ocurre con los resultados de su trabajo.


Ahora, cuando parte de las actividades económicas se desplaza hacia formas privadas de gestión, las preguntas sobre el poder de decisión de los trabajadores adquieren nuevas dimensiones. No se trata únicamente de saber quién podrá invertir, adquirir establecimientos o administrar negocios, sino de conocer qué derechos tendrán las personas empleadas, qué mecanismos existirán para reclamar y qué participación podrán ejercer en las decisiones que afectan sus condiciones laborales.

— Anna Wong, Voluntario

La situación económica cubana también está condicionada por las sanciones estadounidenses, particularmente por su endurecimiento durante 2026. Las restricciones sobre combustibles, financiamiento e inversiones agravan las dificultades productivas y afectan directamente el funcionamiento de las empresas y los servicios públicos. Sin embargo, estas presiones externas se combinan con problemas internos acumulados durante décadas, entre ellos el deterioro de la infraestructura, la insuficiencia de inversiones y las decisiones económicas que han contribuido a la pérdida del poder adquisitivo.

Reconocer el impacto de las sanciones no elimina la responsabilidad del Estado cubano en la protección de los derechos laborales y sociales. Tampoco justifica que los trabajadores permanezcan al margen de las decisiones económicas que afectan sus empleos, sus salarios y sus posibilidades de subsistencia.

Los trabajadores, los grandes ausentes

Las cifras permiten identificar una contradicción central del presente cubano. El país necesita aumentar la producción, sostener los servicios públicos y enfrentar las consecuencias de una crisis demográfica, pero una parte importante de quienes trabajan no recibe ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, cientos de miles de ocupados carecen de vinculación con la seguridad social y las nuevas oportunidades económicas se distribuyen de manera desigual.

La transformación de la economía no puede evaluarse solamente por la cantidad de empresas creadas, las inversiones anunciadas o los activos transferidos a nuevas formas de gestión. También debe medirse por la capacidad de garantizar salarios suficientes, empleos protegidos y condiciones laborales dignas para quienes producen bienes y prestan servicios.

Los trabajadores cubanos no son un elemento secundario de las reformas económicas. Son quienes mantienen funcionando hospitales, escuelas, comercios, servicios de transporte, establecimientos gastronómicos y actividades productivas. Sus condiciones de vida deberían ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el futuro del país.

Sin embargo, mientras se amplían los espacios para la actividad empresarial y se modifican las reglas de funcionamiento de la economía, continúan pendientes las garantías necesarias para que los trabajadores puedan organizarse libremente, defender sus derechos y participar en las decisiones que afectan sus empleos.


La pregunta no es solamente quién tendrá nuevas oportunidades para invertir o hacer negocios en Cuba. También es qué oportunidades tendrán quienes viven de su trabajo para dejar de ser pobres, ejercer sus derechos y decidir sobre el futuro económico del país.

— Anna Wong, Voluntario

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